Sentencias van entre los 5 y 8 años. ¿Los principales delitos? Obtención indebida de crédito fiscal con facturas falsas o clonadas, entre otros.
Durante el presente año, 106 personas fueron sentenciadas por el Poder Judicial con penas efectivas de cárcel por haber cometido delitos tributarios o aduaneros, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Dichas sentencias, que van entre los 5 y 8 años de prisión efectiva, son el resultado de las acciones de fiscalización y control realizadas por la entidad. De acuerdo a la Sunat, la modalidad de delito tributario más común es la obtención indebida de crédito fiscal mediante el uso de facturas falsas o clonadas (modalidad conocida como “operaciones no reales”) para justificar actividades comerciales que nunca se efectuaron.
En esos casos, el Impuesto General a las Ventas (IGV) registrado en la factura falsa o clonada fue utilizado como crédito fiscal con la finalidad de evitar o reducir el pago de dicha obligación tributaria. Además, el total facturado fue deducido fraudulentamente como gasto para efectos del Impuesto a la Renta (IR).
De esta manera, los sentenciados no solo evadieron el pago de impuestos, sino también ejercieron competencia desleal con los negocios que sí cumplieron con pagar sus tributos y que actualmente contribuyen a la reactivación de la economía.
En materia aduanera, los principales delitos cometidos fueron contrabando, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas, así como la defraudación de rentas de aduana, es decir, el no pago o el pago de menos tributos por el ingreso de las mercancías que importaron al país.
La mayor incidencia de sentenciados se ha dado en Lima, Arequipa, Puno y en El Callao. En todos estos casos, a los condenados se les impone el pago de la reparación civil que es equivalente a la devolución del monto indebidamente obtenido.
De acuerdo con la información proporcionada por la Sunat, desde el año 2011 a la fecha, 631 personas fueron sentenciadas con penas efectivas de cárcel; de las cuales el 73% estuvieron comprendidas en delitos aduaneros y el 27% restante en delitos tributarios.